“Ni el ciberespionaje, ni el ciberpatrullaje son formas de seguridad o defensa digital. Cuando los Estados ignoran los conceptos y las normas internacionales sobre el uso del internet, acuden a medidas de control que debilitan la democracia”.
Por: Iván Mauricio Gaitán*
Ataques cibernéticos y movilización social digital global
Los ataques cibernéticos a diferentes naciones y con distintos propósitos han sido motivo de preocupación para los Estados:
- En 2007 Estonia sufrió uno de los ciberataques más severos de la historia. Este afectó gran parte de sus instituciones y del sector financiero. La crisis desatadad requirió la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), e hizo que se creara en 2008 el Centro de Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa (CCD).
- En julio de 2009 diferentes instituciones públicas de Estados Unidos y Corea del Sur sufrieron un ciberataque con el que se buscaba destruir los datos en las computadoras infectadas. En este caso, el ataque pudo ser controlado a tiempo.
- En 2010, la Guardia Civil española desmanteló una red de computadores “zombies” conocida como “BotNet8 Mariposa”. Dicha red contenía 13 millones de direcciones IP9 infectadas y distribuidas en 190 países. Colombia ocupó el quinto lugar entre los países más afectados por este ataque.
- En 2018 en Estados Unidos se habló de interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales, y en mayo de 2021 el país fue víctima de un ataque a su producción petrolera dejando sin abastecimiento de combustible a la Costa Este —que transporta el 45% de la producción petrolera del país—.
- En 2011 se hizo evidente con la “Primavera Árabe” el poder de movilización digital en redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter; movimiento que logró desestabilizar algunos gobiernos de Medio Oriente y el norte de África.
En esa oportunidad la movilización digital comenzó en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria obteniendo la dimisión de líderes autoritarios como Hosni Mubarak en Egipto, Zin el Abidín Ben Alí en Túnez, y causando también el asesinato de Muamar Gadafi en Libia.
Algunos líderes afirmaron que se trató de una “movilización e insurrección digital provocada” que contó el apoyo y participación premeditada del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde donde se buscó la maximización y penetrabilidad de los mensajes digitales entre la población con el fin de lograr el derrocamiento de los regímenes.
- En noviembre de 2019 en Colombia se presentaron movilizaciones sociales en las cuales hubo perfilamientos de líderes sociales y políticos que apoyaron las protestas, así como el uso de las redes sociales por parte de distintos organismos de seguridad para hacer frente a la situación de orden público.
Para ello, se compartieron videos, fotos y textos, a través de redes como Twitter, Instagram y WhatsApp, que mostraban intentos de saqueos a conjuntos residenciales provocando miedo y desinformación en la ciudadanía y en medio de un “toque de queda”.
Los medios de comunicación y algunos miembros de la fuerza pública compartieron el mismo video dando lugar al pánico en las redes sociales. Al final, las mismas autoridades confirmaron que se trató de una campaña para desestabilizar la ciudad, pero no explicaron quién estuvo detrás.
- En el paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021 en Colombia, también se pudieron comprobar estrategias de desinformación a través de redes sociales con las que se intentó justificar el abuso de la fuerza de la Policía, producir confusión y miedo, y crear enemigos-amigos en medio de la protesta social y ante la opinión pública.
En esta ocasión, se identificaron montajes contra líderes políticos de izquierda por medio de tweets falsos que invitaban a apoyar los bloqueos o tomarse los aeropuertos; se utilizaron imágenes de indígenas usando “tatucos”— imágenes de cuando los indígenas hallaron una caleta de armas de las Farc en 2012 para entregarla a las autoridades—; y se publicaron fotos de movilizaciones en Venezuela con la bandera afirmando que los venezolanos se unían al paro nacional de Colombia.
Seguridad y defensa digital en Colombia
Desde 2011 Colombia ha avanzado en los marcos normativos y de política pública para afrontar las nuevas guerras del siglo XXI:
- Con el CONPES 3701 de 2011 se desarrollaron los lineamientos para la ciberseguridad y la ciberdefensa con el objetivo de contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas.
- En el CONPES 3854 de 2016 se definió la política de seguridad digital para fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas en identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en las actividades socioeconómicas.
- Por su parte, en el CONPES 3995 de 2020 se estableció la política nacional de confianza y seguridad digital para ampliar la confianza y mejorar la seguridad digital para ser una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital.
“Los derechos de los ciudadanos se han vulnerado con las prácticas de engaño para infundir miedo y confusión por medios digitales que buscan posicionar al Estado como único salvador”.
Como fruto operativo de estos documento se dio la creación del Colcert (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia), el CCOC (Comando Conjunto Cibernético), el Departamento de Comunicaciones y Ciberdefensa Cede-6 del Ejército para acciones defensivas y ofensivas, y el Comando Cibernético Policial de la Policía Nacional desde donde se combate el cibercrimen y se consolida el Informe de tendencias de cibercrimen en Colombia.
¿Y la democracia?
Aunque las medidas buscan proteger y salvaguardar al Estado ante amenazas y agresiones externas o internas, estas han derivado en el control de los opositores políticos, lo que se refleja en el aumento de las acciones de espionaje, perfilamiento o ciberpatrullaje.
Por lo anterior, los derechos de los ciudadanos se han vulnerado con las prácticas de engaño para infundir miedo y confusión por medios digitales que buscan posicionar al Estado como único salvador y garante en momentos de caos. Dicho en otras palabras: se construye un enemigo, se deshumaniza de manera digital, y se propaga el temor para luego vender el éxito de la respuesta en seguridad.
Ejemplo de esto es el hecho de que el Ejército haya construido en su cuenta oficial de Twitter una lista de “opositores” y perfilado a 135 formadores y lideres de opinión. Además, en octubre de 2019 adquirió el software “hombre invisible” —una “suite de penetración” —con el propósito de “generar capacidades de protección, búsqueda y recolección de información en el ciberespacio”.
Sin embargo, dicho software habría sido usado para espiar comunicaciones de personas —políticos, magistrados, generales y periodistas— sin investigaciones en curso, y recolectar información para terceros.
Los amigos y enemigos de la Policía y el Ministerio de Defensa
De acuerdo con una denuncia de la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), el 6 de mayo las redes del Ministerio de Defensa y otras entidades amanecieron de negro.
Pero lo que se hizo ver como un ciberataque, en realidad fue una campaña del Ministerio y la Fuerza Pública para retener la atención de la ciudadanía y producir temor e indignación.
“Las “patrullas en internet” que usa el Ministerio acuden al ciberpatrullaje sin un marco regulatorio que las delimite”.
El último mensaje en las redes y páginas web del Ministerio y las demás entidades de ese día fue “intento de bloqueo”. Entre las seis y nueve de la mañana ningún funcionario estuvo autorizado para hablar en medios de comunicación, pero a las nueve de la mañana se restablecieron las redes y comenzó la campaña “Colombia Es Mi Verdad”. En el video de esta campaña se afirmaba que la información falsa es considerada como una forma de terrorismo digital, pero en el código penal no existe tal delito.
“Colombia es mi Verdad” fue creada por la empresa Alotrópico S.A.S., con un contrato por 900 millones con el cual debían mejorar la imagen del Ministerio de Defensa, y que incluía estrategia de ciberpatrullaje que calificaba como “falsas” las publicaciones y opiniones que criticaban o desacreditaban las acciones de la fuerza pública durante las manifestaciones.
Las “patrullas en internet” que usa el Ministerio acuden al ciberpatrullaje sin un marco regulatorio que las delimite. El ciberpatrullaje se realiza a través del Puesto de Mando Unificado-Ciber (PMU-Ciber), y es integrado por el Centro Cibernético Policial, el MinTIC y la Dirección Nacional de Inteligencia logrando el perfilamiento de aquellos ciudadanos que manifiestan su inconformismo o invitan a la movilización social por estas plataformas sociales.
La seguridad y la defensa digital en la reforma a la policía
La Policía no solo se militarizó en su actuar desde los años noventa, diluyendo su misionalidad, sino que materializó ese carácter securitizado y atomizado en grupos especializados como los Gaula antisecuestro, la policía antinarcóticos, la policía de tránsito, pasando por funciones de policía de turismo, control portuario y aeroportuario, entre otros, hasta llegar ahora a ser una policía transformada para la ciberseguridad.
Frente a este último, la gravedad se centra en el reciente rol digital de la Policía de realizar ciberpatrullajes y perfilamientos en medio de las movilizaciones y las protestas sociales. En él se sientan las bases de abusos de poder y se pueden identificar contundentes violaciones a los derechos humanos, propias de gobiernos totalitarios.
“No bastó con el despliegue excesivo de fuerza y el uso de armas no convencionales en 2019, 2020 y 2021 en medio de las protestas, sino que desde hace más de dos años se pretende establecer un control de la expresión ciudadana en las plataformas sociales y frente a la movilización social digital por medio del perfilamiento y la judicialización por “ciberterrorismo”, un concepto difuso en el derecho penal que da para muchas tipificaciones e interpretaciones acomodadas.”
Los abusos a los derechos humanos a los que se enfrentaría la Policía, y que ameritan ser discutidos en una posible reforma a la institución, se centran en la libertad de expresión, la intimidad y la autonomía, y en el acceso y uso libre del internet y las redes sociales.
El perfilamiento de personas sin control democrático afecta severamente el comportamiento y las narrativas de las personas en internet por miedo o posible castigo y logra impactar el debate en la opinión pública.
No bastó con el despliegue excesivo de fuerza y el uso de armas no convencionales en 2019, 2020 y 2021 en medio de las protestas, sino que desde hace más de dos años se pretende establecer un control de la expresión ciudadana en las plataformas sociales y frente a la movilización social digital.
Por otra parte, el perfilamiento digital, en particular en redes sociales, busca a personas potencialmente “peligrosas” basándose en prejuicios de opinión, simpatías políticas, pertenencia a grupos étnicos, sexuales, sociales o subculturas, con el fin de identificar a las supuestas “ciudadanías peligrosas”, acudiendo solo a la recopilación de información estrictamente personal.
Esto no solo ha servido para estigmatizar, discriminar y criminalizar a poblaciones en su mayoría excluidas o vulnerables, sino que está siendo un instrumento político de persecución y ataques sistemáticos de cara a los procesos electorales de 2022 y 2023. Ahora se avizora el veto o el homicidio digital.
Aunque el próximo martes 30 de noviembre está citado el ministro de Defensa a la Comisión Primera del Senado para que responda por el uso de la simbología Nazi en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, seguramente también se le pedirán los resultados de la comisión para la reforma a la Policía, explicaciones por el bombardeo de niños en el Chocó y por la “campaña negra” liderada por el Ministerio y la fuerza pública en medio del paro nacional… Y aquí ni “Dios y Patria” serán suficientes razones.
*Politólogo, magíster en Estudios Latinoamericanos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.