La defensa del territorio: el objetivo de las organizaciones sociales en Colombia

Estas agrupaciones sirven como una estrategia de protección conjunta frente a la presencia de grupos armados en Norte de Santander, Cauca y Bajo Cauca. Las comunidades encontraron nuevamente refugio en ellas tras el recrudecimiento de la violencia.

Un tercio de las 14 masacres que ha habido en Colombia en 2021 fueron en el Bajo Cauca y Cauca. En el Catatumbo, Norte de Santander, los desplazamientos forzados han afectado a la población de dos mu­nicipios: el pasado 2 de febrero, 38 familias fueron obligadas a salir de Hacarí, y a finales de enero, 80 fa­milias fueron expulsadas de Tibú por el enfrentamiento entre gru­pos armados. Además, siete de los 24 asesinatos de líderes sociales en 2021 ocurrieron en estas tres regio­ nes, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las estructuras ilegales que ha­cen presencia en Bajo Cauca, Cau­ca y Norte de Santander buscan controlar las rutas del narcotráfico, las cuales por su posición geográfi­ca cercanía al océano Pacífico y frontera con Venezuela, respecti­vamente- son vías importantes pa­ra la movilización de esas sustan­cias. Estos hechos afectaron los procesos organizativos, para quie­nes las amenazas y muertes son parte del día a día.

Según Nelly Osorio, directora del Instituto Popular de Capacita­ción (IPC), el incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha permitido que estos grupos armados puedan entrar en las zonas ante la falta de presencia del Estado y la deficiente inversión social. Esto se refleja en Norte de Santander y Cauca A pe­sar de que la salida de las Farc generó un ambiente de tranquilidad en los primeros meses después de la firma del Acuerdo de Paz, en no­viembre de 2016, poco a poco fue­ron llegando grupos que ejercen una violencia más sistemática. Solo en el comienzo de este año fueron asesinados 11 indígenas en enero y van cuatro en febrero, según Aída Quilcué, consejera del Consejo Re­gional Indígena del Cauca (CRIC). Estos hechos de violencia produje­ ron que las organizaciones sociales

De los 360 líderes asesinados en Colombia entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de febrero de 2020, el 44 % eran dirigentes comunales.

En estas tres regiones volvieran a ser un punto de encuentro para las comunidades negras, indígenas y campesinas. Estas agrupaciones tienen como base un objetivo en común: la defensa del territorio.

En las zonas rurales de estas re­giones las juntas de acción comu­nal (JAC) cumplen un rol funda­ mental. De acuerdo con un líder del Bajo Cauca, que prefirió reser­var su identidad, ese tipo de agru­paciones hacen que haya un mayor respeto hacia las comunidades por parte de los actores armados. Otra población que está en ries­ go constante es la LGBT. Las diná­micas de violencia en contra de es­ tos grupos también se incrementa­ ron en los últimos años, debido al machismo que hay en las diferen­tes estructuras armadas. “En los municipios del Catatumbo la po­blación diversa no tiene sus dere­chos asegurados, por ejemplo las mujeres trans no pueden irse a vi­vir a otro municipio porque los grupos armados no las dejan llegar y no se pueden expresar libremen­te ”, le dijo ÉrikaCaselles, miembro de la organizaciónVisibles Lgbti+h en Ocaña, a El Espectador.

Sin embargo, pertenecer a una organización también supone ries­gos. La importancia de organizamos es que dejen de minimizarnos y se den cuenta de que sí existimos. Tenemos derechos que vamos a exigir”. Érika Caselles, organización Visibies Lgbti+h en Ocaña.

“Reciben constantes amenazas por parte de estos grupos, que los ven como un obstáculo en su objetivo de tomar el control de cualquier zona del país”, aseguró Osorno.

En Colombia, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de febrero de 2020, fueron asesinados 360 líderes y lideresas sociales, el 44% de ellos eran di- rigentes comunales, según la Fundación Paz & Reconciliación.

“La importancia de organizarnos es que dejen de minimizarnos. Desde que empezamos a lu­char por nuestra población, el Gobierno ha tenido que volver a mirar hacia acá y entendió que no nos pueden seguir ignorando como lo hacían antes”, comentó Ca- selles. Precisamente uno de los logros de las agrupaciones es conseguir una mayor interlocución con las autoridades.

Las exigencias hechas al Gobierno Nacional han sido más fáciles de visibilizar, aunque las comunidades dicen que al Estado no le ha interesado hacer algo más allá que aumentar el pie de fuerza. La implementación de los Acuerdos de
Paz resulta clave para las poblaciones.

Además, exigen que se haga una inversión social integral en sus territorios para que por fin se les pueda asegurar una vida digna a sus pobladores.»

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