Jorge Humberto Botero habló con EL COLOMBIANO sobre la inseguridad jurídica en la que están las aseguradoras en Colombia después del fallo de la Contraloría. En su opinión, la Contraloría cometió un error.
El compromiso de pago que la aseguradora española Mapfre firmó con la Contraloría le ha dado un respiro a Hidroituango. Los constructores pueden continuar, por lo menos, un año más al frente de la obra. Sin embargo, que el ente de control incluyera a la firma aseguradora en el fallo puede plantear problemas para el país en el mediano plazo, así lo cree Jorge Humberto Botero, quien fue presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), y celebra que todo en la futura megacentral pueda seguir sin contratiempos.
¿Qué es lo malo de este pago de Mapfre?
“La absoluta imprudencia y precipitud de la Contraloría. Cuando el siniestro ocurrió, EPM avisó al asegurador de la ocurrencia y este admitió su responsabilidad y empezó a pagar sobre la base de que había ocurrido un accidente, cuya causa no pudo precisar pero que excluía actos de culpa grave, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. A sabiendas de esto, el Contralor inició un proceso de responsabilidad fiscal sobre una hipótesis totalmente contraria a la que había definido el asegurador: sostenía que había un conjunto de personas que habían cometido culpa grave y que esa era la causa del siniestro. Esa actuación puso en riesgo grave la postura del asegurador de efectuar pagos, porque bien pudo haber dicho que aceptaba el planteamiento del contralor y que se abstenía de seguir pagando y que pedía el reembolso. Esos actos de imprudencia pusieron en riesgo el flujo de fondos que finalmente aportó Mapfre. Se trata de una ineptitud infinita del contralor, que actuó solo por razones políticas, porque pudo esperar el resultado final del proceso constructivo”.PUBLICIDAD
¿No había razones para ese fallo?
“Es interesante la postura inverosímil del fallo, que asume que hubo un conjunto de 26 personas e instituciones que en muy distintos momentos del proyecto cometió una culpa grave y que por ende todos eran de igual manera y en el mismo grado responsables; eso es inimaginable. Usted puede imaginar que un conjunto de personas entre en concurso para cometer un delito o un fraude, pero que lo hagan distintas personas y en distintos momentos del proyecto es totalmente inverosímil. La gente no se comporta así. Todas estas personas e instituciones tienen tradición de seriedad y confiabilidad. Hay también un abuso enorme, porque a Mapfre se le condenó por la ocurrencia de un siniestro expresamente excluido de la cobertura. A las otras aseguradoras se las condenó injustamente, pero por un riesgo que sí habían tomado, que es el riesgo de la conducta negligente en materia grave de constructores, diseñadores, interventores y funcionarios. Los condenaron mal, aunque sí por un riesgo que esas compañías estaban cubriendo. Esto es inverosímil en el mundo entero”.
¿Quién le vuelve a vender un seguro a EPM?
“EPM no es asegurable hoy. Los riesgos que hoy están corriendo en el proceso constructivo no están asegurados. Hay una manera eufemística de EPM referirse a esto diciendo que está autoasegurado, uno dice que está autoasegurado cuando no compra seguros o nadie le vende. Este fallo ha dejado en riesgo a EPM y a los grandes proyectos de infraestructura del país, porque si a los aseguradores y reaseguradores no les respetan los contratos bajo los cuales se obligan, sino que están sometidos al capricho o a la interpretación libre de un funcionario, pues nadie va a asegurar nada en lo que esté metido el Estado. Esto ocurre porque la Contraloría es un organismo totalmente politizado, y lo sabemos desde su origen, no nos podemos sorprender por esto, el contralor es elegido por los miembros del Congreso en sesión plenaria. No podemos pretender que un funcionario de origen estrictamente político actúe con criterio técnico”.PUBLICIDAD
¿No confía en ese fallo entonces?
“Los funcionarios de la Contraloría son de libre nombramiento y remoción, eso ya nos dice todo, como para que nos venga a decir el Contralor que son de altísimo nivel técnico. No lo son, como lo muestran las hojas de vida de quienes estuvieron detrás del fallo, y no son independientes porque su jefe los puede despachar cuando le venga en gana. Hay que reformar la Contraloría, hay que desmantelar ese fortín de abusos que hay allí. La contraloría debería funcionar como la Fiscalía, que acusa ante los jueces, pero no resuelve”.
Usted ha dicho que además EPM tampoco quedó bien parado…
“Claro, porque EPM no tiene una estructura de gobierno corporativo. Por buenos que sean los miembros de la junta actual y el gerente general, ellos hacen lo que al alcalde de Medellín le parece. Eso es de una gravedad gigantesca, y va en contra de las recomendaciones de la OCDE y de la administración de todas las empresas de servicios públicos estatales que aún subsisten”.
¿Hay que reformarlo también?
“EPM debería ser una sociedad por acciones. Que eso determine que haya una asamblea general que designe una junta directiva para que distintos sectores de la ciudad, no solo los estamentos políticos, participen en una empresa que no es solo de nosotros los antioqueños, sino de todo el país. Hay que matizar y modular ese poder que hoy detenta el alcalde de la ciudad”.
¿No tienen garantías las aseguradoras después del fallo?
“La inseguridad jurídica es monstruosa. He hablado con altos funcionarios del Gobierno Nacional y todos están felices porque con el pago llegó la solución del problema, pero concuerdan con que la inseguridad jurídica es rampante. No va a haber quien financie, quien se meta a tomar decisiones de construcción en este país. La situación es verdaderamente grave. Hemos llegado a unos grados de abuso tal que los aseguradores quedan espantados, porque lo que pasó aquí no ha pasado en ningún país, a Mapfre la obligaron a pagar por una cobertura que no tenía. Mapfre excluyó expresamente la culpa grave y la condenan por culpa grave de los asegurados. Qué bueno que salimos de este lío, pero el que queda hacia el futuro es colosal. Tenemos una contraloría politizada hasta el extremo dotada de poderes absolutos, como si el fiscal fuera juez. Y EPM sin instrumentos corporativos, el acuerdo de buenas intenciones que se hizo cuando era gerente Juan Felipe Gaviria y alcalde Sergio Fajardo era un acuerdo de buenas intenciones, no fue más que eso, porque EPM no tiene buenas prácticas de gobierno y esto se debe a que los miembros de la junta son de libre nombramiento y remoción del alcalde”