Los colombianos tienen incertidumbre por la reforma tributaria que se pretende realizar en el país, luego del gasto público ocasionado por el covid-19.
Una reforma tributaria es un cambio en la estructuración de los impuestos de un país, con el objetivo de aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de este recaudo.
A veces es común que no se haga ninguna diferenciación entre una reforma tributaria y una reforma fiscal. Sin embargo, en la primera se está teniendo en cuenta cómo y cuánto se va a cobrar por concepto de tributación, mientras que en la segunda se amplía la visión al cómo y cuánto se debe distribuir el gasto público.
Suelen mencionarse como sinónimos, pero la realidad es que la reforma tributaria es un cambio en materia de recaudo del Estado que, sumado al tema de gasto, constituye una modificación en política fiscal.
Este tipo de reformas se hacen necesarias en momentos donde los países requieren mayores ingresos o incrementos en su gasto, que pueden venir soportados por deuda pública, como sucedió en varios gobiernos durante la pandemia, quienes en muchos casos debieron aumentar el gasto para apoyar a las empresas y a las familias en momentos de crisis.
Según cifras del Banco Mundial, la deuda pública creció 9 puntos porcentuales del PIB en los países emergentes, lo que se traduce en un déficit de casi 90 billones de pesos.
Datos reportados por el Ministerio de Hacienda muestran que en Colombia el déficit creció cerca de 12,8 puntos porcentuales en año pasado. El país pasó de tener una deuda del 48,6% del PIB en 2019 a 61,4% del PIB en 2020.
Proyecciones de Corficolombiana esperan que el déficit fiscal ascienda de $82,4 billones en el 2020 a $90,5 billones para el 2021.
Por lo cual, se ha venido hablando activamente de la realización de una reforma tributaria, donde los puntos no están tan claros aún. Pero ya se han ido mencionando posibles cambios que esta abordaría.
El Senado de la República ha informado que la reforma fiscal contempla cambios en el impuesto al IVA, devolución a las familias más pobres del país y fortalecimientos de programas sociales.
El Gobierno tiene como meta recaudar entre 15 y 20 billones de pesos, para lograr estos cometidos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseveró que para el caso colombiano “las medidas fiscales deben continuar preservando vidas y medios de subsistencia en áreas prioritarias este año”. Además de no perder el enfoque en los proyectos sociales en los que un menor déficit es factible a menos que la actividad comercial se debilite.
Advirtió que la consolidación se debe hacer de manera gradual durante los próximos cinco años, ya que volver a la regla fiscal en 2022 puede terminar por desajustar la recuperación.
En términos de su composición, el FMI dijo: “deben considerarse medidas de recaudación que favorezcan el crecimiento económico, y que estén enfocadas en la eficiencia fiscal, la progresividad, la sostenibilidad y la equidad—incluidas la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas naturales y la reducción de las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres, así como la eliminación de regímenes preferenciales para las empresas. Esfuerzos adicionales para mejorar la administración impositiva ayudarían a reducir la evasión tributaria y complementarían estas medidas”.