El compromiso de José Ignacio Narváez Mora y Luis Fernando Solarte Viveros, de servir como testigos en contra del detenido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, luego de acogerse al Principio de Oportunidad con la Fiscalía, se convierte en elemento digno de tener en cuenta por Gaviria para renunciar a su cargo, como un acto de responsabilidad con Antioquia.
La decisión de la Fiscalía de favorecer con el principio de oportunidad a José Ignacio Narváez, para entonces representante legal del Consorcio Troncal de La Paz, y Luis Fernando Solarte Viveros, contratista de la adición, se convierte en una enorme nube negra que pesa sobre la delicada situación judicial que afronta el gobernador Gaviria Correa, hoy bajo detención domiciliaria por las presuntas irregularidades en un contrato para la pavimentación y mantenimiento de un tramo de la llamada Troncal de la Paz.
Los dos beneficiarios del principio de oportunidad son investigados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos de los cuales son liberados por su compromiso de darle soporte a las diligencias, al material probatorio y a los análisis de expertos de la Fiscalía, que sirvieron de soporte para tomar la decisión de llamar a Gaviria a juicio y ordenar su detención domiciliaria como medida preventiva, mientras avanza el juicio respectivo en la Corte Suprema de Justicia.
Los dos implicados además de servir como testigos en contra del gobernador Aníbal Gaviria, también lo serán en contra de Margarita María Ángel Bernal, exsecretaria de infraestructura física, y Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora territorial de la Secretaría de Infraestructura Física que aparecen vinculadas a la investigación.
En parte de los negocios públicos, poco claros, en los que se ha enredado Aníbal Gaviria aparece vinculada Margarita Ángel Bernal y, precisamente a través de ella como gerente de la EDU, Aníbal Gaviria también es corresponsable de la tragedia inmobiliaria en que se convirtió el Plan Parcial Naranjal. Ángel Bernal acometió el proyecto con el socio privado CASS, para lo cual simuló una convocatoria pública el 21 de marzo de 2013. Convocatoria que Ángel Bernal declaró desierta para firmar el convenio con CASS, una empresa sin experiencia en la construcción de proyectos inmobiliarios y de renovación urbana. La mala reputación de CASS incide en el mal presente del proyecto y en el futuro incierto del mismo. CASS ha estado casado con Odebrech y por estos hechos está en la cárcel Paola Solarte hija de Carlos Alberto Solarte, a quien le otorgaron la casa por cárcel, debido a problemas de salud. Estos Solarte son los mismos que fueron beneficiarios del contrato de la Troncal de la Paz. Puras coincidencias.
Los líos que rondan al detenido gobernador se incrementan si se tiene en cuenta que la Contraloría de Medellín, decidió abrirle un proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto detrimento patrimonial cercano a los 200 mil millones de pesos por los sobrecostos registrados en la construcción de la Hidroeléctrica BONYIC en Panamá.
La investigación fiscal involucra además al ex gerente de EPM, Juan Esteban Calle y a los integrantes de la Junta Directiva de EPM durante la alcaldía de Aníbal Gaviria 2012 – 2015.
En el Auto 352 de 1 de diciembre de 2020 el equipo auditor señala que: “(…) el costo del proyecto Bonyic se incrementó en más de cinco vences, mientras el precio de venta de energía sólo lo hizo en 1.4 veces, situaciones éstas que han generado que la tasa interna del retorno haya involucionado al pasar de cifras cercanas del 10% al 4,4%, con el agravante que el Valor Presente Neto del proyecto se proyecta en un valor negativo de USD 194 millones de dólares (…)”.
Las “travesuras” de Aníbal Gaviria en los cargos públicos nos remiten a su acrobacia en la venta del Lote 24 de la Plaza Mayorista. Su mano derecha en sus negocios públicos y Privados, Vera Cristina Ramírez López, fue sancionada disciplinariamente por la Personería de Medellín con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años debido a su comprobada participación en la venta irregular del lote 24 de la Plaza Mayorista por una valor inferior a 11 mil millones de pesos del avalúo realizado por el IGAC, y la Contraloría de Medellín la halló responsable fiscal por detrimento patrimonial por 11 mil millones de pesos y le decretó el embargo de sus bienes. En algunos medios políticos se ha conocido que los 11 mil millones de pesos de menos por los que fue vendido dicho lote, fueron compensados en cabeza de los hijos del ex alcalde Gaviria Correa en un lote en un vecino municipio del Valle de Aburrá.
En la Fiscalía está abierto un proceso por dicha venta irregular y sería conveniente que el ente de control informara sobre el avance del mismo.
Ante la delicada situación que afronta Gaviria Correa bien vale la pena recordar el siguiente hecho. Corría el 14 de octubre de 1986 cuando el gobernador de Antioquia era Bernardo Guerra Serna y éste presentó su renuncia ante el presidente Virgilio Barco, después de conocer que el procurador judicial, Edilberto Solís, anunció la apertura de investigación en su contra por la polémica que generó la denuncia de un periodista por presuntas amenazas suyas.
A ese gesto se le reconoce en el mundo de la decencia como una actuación ética, palabra que al parecer ser no existe en el diccionario del suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa ni en el léxico de sus defensores políticos y de oficio.
Guerra Serna, luego fue absuelto, pero se defendió de la denuncia en su contra alejado del cargo y del poder.
En contraste con la delicada situación judicial que enfrenta Gaviria Correa, éste ha anunciado públicamente que por ninguna razón renunciará a su cargo, máxime por el amor desmedido que dice profesar por Antioquia, incluidos sus recursos.