Certidumbres e inquietudes

En el curso de la vida en sociedad van surgiendo y se van asentando tendencias que, poco a poco, se van convirtiendo en prácticas de uso reiterado que, con el paso del tiempo pueden llegar a ser irreversibles, o a generar verdaderas costumbres. Muchas de ellas benefician a la comunidad y hasta pueden crear Derecho, como ocurre en el campo mercantil, en que sabemos que la costumbre se erige en una de sus fuentes. 

Pero hay otras prácticas que, en vez de contribuir al bien común o de preservar buenos comportamientos, deterioran las reglas de convivencia y contribuyen a la desmejora de la sociedad. 

En Colombia, desde hace un tiempo, se viene abriendo paso una de esas prácticas dañinas: la tendencia a presionar a los jueces para que, en vez de fallar en Derecho y según las normas que aplican, resuelvan a favor de quienes mayor presión ejerzan, bien mediante manifestaciones y marchas, o por la vía de editoriales, columnas, consignas mediáticas, encuestas de opinión o propaganda, o inclusive llamadas de dirigentes políticos. Lo hemos visto ya varias veces, a propósito de demandas de inconstitucionalidad o revisiones de tutelas y a partir de indebidas filtraciones de proyectos de fallo presentados a consideración de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Como si los guardianes de la supremacía e integridad de la Constitución no debieran decidir con base en el estudio y consideración de cada asunto a la luz de las normas y el Derecho, sino según la mayor popularidad de alguna de las opciones existentes, o de conformidad con la mayor presión ejercida, la crítica mediática, los elogios o los vituperios.  

Eso, en un Estado de Derecho, y particularmente cuando se trata de resoluciones que deben adoptar altos tribunales, como la Corte Constitucional, resulta muy dañino y pernicioso. Sus magistrados son independientes, autónomos, han jurado preservar la Constitución, no las encuestas, ni su propia popularidad. No pueden aceptar ninguna clase de presiones. Solamente se deben a lo que les indica su conciencia, estrictamente de acuerdo con los principios y normas constitucionales y legales. No se les puede exigir que prevariquen, ni ellos pueden aceptar que se les proponga hacerlo.   

Resulta necesario insistir, otra vez, en la independencia de la administración de justicia. Es elemento esencial de la democracia, y garantía de primer orden para la comunidad en general y para las personas que acuden a los estrados judiciales en el curso de los procesos, y que, en las distintas ramas del Derecho, pueden ser afectadas por las decisiones y providencias, bien sea como partes, como intervinientes, como víctimas, o como terceros. O simplemente como ciudadanos, cuando se trata de decisiones en materia constitucional. 

Los jueces y magistrados deben ser completamente autónomos en el ejercicio de su delicada función, que consiste -nada menos- en realizar el valor de la Justicia, en resolver los conflictos, en salvaguardar los derechos, en deducir las responsabilidades, en hacer que se cumplan los deberes, en preservar y asegurar la vigencia y efectiva aplicación de la Constitución y de las leyes. Jueces que no son independientes, o que tienen compromisos externos, no pueden ser imparciales, y no deberían ser jueces. Su único compromiso es con el Derecho.

Dejen de presionar a la Corte.